Víctor Ávila aún recuerda los gritos de sus vecinos, y ladridos de sus perros que lo despertaron una mañana a finales de octubre, al ver el humo saliendo de su calentador.
En cuestión de segundos, agarró a sus dos perros bajo el brazo, las llaves de su coche, se puso unas botas y bajó corriendo las escaleras, sin saber que estaba a punto de perder el lugar que llamó hogar durante más de 25 años.
El incendio en el sótano del edificio 271 en la avenida Wethersfield, provocó la evacuación de 17 adultos y siete niños, según la Cruz Roja Americana. Este fue el tercer incendio en octubre que dejó a inquilinos sin hogar y varias viviendas afectadas alrededor de Hartford.
“Llevamos tres años luchando para que se hagan responsables de solucionar todos los problemas y presten más atención a estos apartamentos, no es justo”, dijo Ávila, que trabaja instalando pisos.

El día del incendio, Ávila había regresado de un turno de noche, como la mayoría de los inquilinos del edificio en la zona de Barry Square, que tienen largas jornadas laborales o más de un empleo.
El desastre no fue un caso aislado en Hartford, donde se han producido 83 incendios de viviendas entre enero y octubre de este año, según Mario Oquendo Jr., jefe de distrito del Departamento de Bomberos de Hartford.
Justo al lado del edificio de Wethersfield hay una casa en ruinas por un incendio que ocurrió en enero, y a la vuelta de la esquina, otra casa quemada por un incendio en el verano, donde murieron cuatro personas.
En los días posteriores al incendio de octubre, los inquilinos del 271 no pudieron regresar a sus apartamentos de inmediato y reclamar sus pertenencias, que tuvieron que dejar atrás al evacuar.
Ávila esperaba que sus fotos y cassettes de videos, de los cuales algunos trajo consigo desde Aguascalientes, México, al mudarse a Estados Unidos, siguieran allí y no fueran robadas si alguien entraba a la fuerza en el edificio incendiado y cerrado.

Solicitudes de servicio
Los inquilinos de los edificios multifamiliares 267 y 271 de la avenida Wethersfield, junto con Teresa Quintana, activista de equidad de vivienda por la organización Make the Road, se han organizado para luchar por mejores condiciones de vivienda en los últimos tres años.
“Todos los martes nos reuníamos en uno de esos garajes de atrás y empezábamos la reunión, hablando y diciendo: ‘Esto está pasando’ y ‘Queremos que esto cambie’”, recuerda Quintana.
“Luego enviaban cartas al propietario y se quejaban como grupo ante el ayuntamiento una y otra vez”.
Quintana asegura que cuando inicialmente organizó a los inquilinos para que enviaran quejas a la ciudad sobre cucarachas, ratas y goteras en el techo, los formularios estaban en inglés y la mayoría de los inquilinos sólo hablaba español. “Antes no había quejas porque el formulario ni siquiera estaba en español. Si no hay accesibilidad lingüística, obviamente la gente podría haber empezado a quejarse más”, dijo.
Los inquilinos se manifestaron en diciembre 2023, enero 2024 y febrero 2025. Cada vez, exigieron al alcalde que responsabilizara al propietario por las condiciones de vida peligrosas y la falta de servicios básicos como la recolección de basura, la calefacción y el agua caliente. La última manifestación tuvo lugar el 3 de noviembre, exigiendo justicia por el incendio.
Ávila, uno de los inquilinos que lleva viviendo más tiempo en el edificio, asegura que las condiciones de vida empeoraron después de que el dueño de siempre vendiera la propiedad a Alpha Capital Funds y, posteriormente, a All is Good LLC. La empresa administradora de los apartamentos era Arlington Group LLC, y ahora es Mint Management Group LLC.
En total, las propiedades 267 y 271 en la avenida Wethersfield han presentado 31 solicitudes de servicio al ayuntamiento por problemas de mantenimiento, tanto ‘urgentes’ como ‘no urgentes’. Estas incluyen fallas en la calefacción y la caldera, goteras en el techo que congelan las escaleras durante el invierno y reparaciones de puertas y ventanas.
Mint Management Group LLC afirma haber respondido a las solicitudes de mantenimiento.
“Tuvimos problemas de mantenimiento y los solucionamos; enviamos a nuestros trabajadores”, respondió un representante de la empresa. “Lamentamos mucho lo sucedido a nuestros inquilinos”.

Los registros públicos de Hartford muestran que la propiedad está legalmente a nombre de All is Good LLC. Sin embargo, la empresa administradora es Mint Management Group LLC, cuya solicitud de licencia de alquiler está incompleta. El arrendador legal directo es Israel Wiznitzer, quien también tiene una solicitud de licencia de alquiler incompleta en Hartford.
Wiznitzer no respondió para comentar al respecto.
Cristian Corza-Godinez, portavoz de la ciudad de Hartford, explicó que una solicitud se considera “completa” únicamente cuando se presenta el formulario de solicitud, junto con el pago de la tarifa correspondiente para la licencia. Si no se paga la tarifa, la solicitud se considera “incompleta”, lo que significa que no se ha tramitado.
Las solicitudes de licencia de alquiler se gestionan a través del sistema en línea de la ciudad. Se notifica al propietario que debe pagar la tarifa, como se hizo en el caso del dueño de la propiedad 267 en la avenida Wethersfield por tres ocasiones. El siguiente paso es la notificación de una infracción por no completar la licencia de alquiler.
Sarah White, abogada del Centro de Vivienda Justa de Connecticut, dijo que las multas se imponen sobre el edificio como un gravamen y que este puede tener prioridad sobre las hipotecas. Incluso, la ciudad podría intentar ejecutar la hipoteca para cobrar las multas.
“La ciudad de Hartford seguirá utilizando todos los recursos a su alcance para responsabilizar a los propietarios problemáticos por sus acciones u omisiones”, declaró Corza-Godinez en un comunicado. “Altos funcionarios municipales han mantenido conversaciones continuas con los propietarios del edificio afectado, y el enlace municipal para inquilinos de la ciudad de Hartford ha estado presente en el lugar, dialogando directamente con los inquilinos para brindarles el apoyo necesario. En una ciudad donde tantas familias alquilan sus viviendas, el alcalde Arulampalam y su administración seguirán presionando a todos los propietarios para que cumplan con su obligación de proporcionar una vivienda adecuada a nuestros residentes”.
Los propietarios que no han completado la solicitud han recibido avisos de infracción para todos los edificios con 10 o más unidades. Si tienen solicitudes incompletas recibirán un aviso de infracción antes del 30 de noviembre, según informó el portavoz de la ciudad.
“‘¿Están esperando a que nuestro edificio se incendie?’ me dijeron los inquilinos el año pasado, porque llevamos años quejándonos de la forma en que están manteniendo este edificio, y sucedió, se incendió”, dijo Quintana.

Consecuencias
Tras el incendio, el edificio fue asegurado y catalogado como inseguro. Se les indicó a los inquilinos que no entraran, ya que se consideraría allanamiento. Sin embargo, ese fin de semana se produjeron robos, según la vecina Tangela Perry, quien llamó a la policía para reportarlos.
Se les permitió a los inquilinos recuperar sus pertenencias el 5 de noviembre, seis días después del incendio. La empresa que administra el edificio consiguió un contratista, quien prefirió no revelar su nombre, para abrir el inmueble cuyas entradas estaban selladas con tablones de madera.
Cuando los inquilinos comenzaron a entrar a sus apartamentos, se dieron cuenta de que no estaban muchas de las pertenencias valiosas de sus familias. Habían saqueado sus hogares.
“Todo eso se perdió y es irremplazable”, dijo el inquilino Ronald Bozeman, refiriéndose a las joyas de sus padres.

Cuando llegó la policía, los residentes denunciaron la pérdida y el robo de sus pertenencias. “Antes no tenía hogar. Solía dormir en sofás ajenos. Trabajé muchísimo para llegar hasta aquí. Y a nadie le importa”, dijo el inquilino Ryan Pirre.
Quienes no tenían hijos expresaban sus emociones en voz alta, gritando o llorando al ver sus cuartos saqueados, con algunas paredes quemadas o destruidas por bomberos. Quienes sí los tenían, contuvieron lágrimas y empacaron mientras vecinos vigilaban a sus hijos e hijas que jugaban frente a los apartamentos.
Ávila permanecía en silencio mientras su hija le ayudaba a empacar ropa. Sus cassettes de video aún estaban en un cajón, y un sobre amarillo con fotos familiares yacía sobre su cama. “Quería llorar, sentía ese dolor por dentro, pero no me salían las lágrimas”, dijo.
Se les indicó a los inquilinos que recogieran sus pertenencias desde el miércoles 5 de noviembre hasta el viernes 7 de noviembre. El viernes, Ávila vio a los contratistas demoliendo partes del edificio, mientras los inquilinos aún estaban sacando sus pertenencias.
Mint Management LLC no respondió cuando se le solicitó un comentario al respecto.

Desplazados
Pirre lleva menos de seis meses viviendo en el 271 de la avenida Wethersfield. Ha pasado noches de insomnio tras el incendio, alojándose en un motel con su novia y sus tres gatos.
Gracias a la Ley de Asistencia para la Reubicación, Pirre, al igual que el resto de los desplazados, tiene derecho a recibir beneficios de reubicación por parte de la ciudad. Estos beneficios incluyen alojamiento de emergencia, como el motel en el que Pirre se alojó durante dos semanas, alojamiento temporal, almacenamiento de pertenencias, pago de gastos de mudanza y hasta 4,000 dólares para un nuevo apartamento.
Los recursos de la ciudad alivian preocupaciones inmediatas de los inquilinos en cuanto a la vivienda, pero el trauma persiste. “Me desperté de una pesadilla en la que el motel en el que me encontraba se estaba incendiando y tenía que volver a salvar a mis gatos, que tenía que sacar a mi novia de allí”, dijo Pirre.

Días después del incendio, Pirre estaba dando un paseo por Broad Street durante su descanso para almorzar cuando, en pleno día, revivió el trauma. “En ese mismo instante había otro incendio, e inmediatamente tuve un recuerdo muy intenso de aquel momento: el olor a madera quemada, la sensación de asfixia, el escozor en los ojos y la idea de que iba a morir. Tuve que cerrar los ojos, tuve que concentrarme solo en mi respiración”, recuerda.
Ávila cuenta que la noche del incendio no pudo dormir por un dolor en el pecho y cree que fue por haber inhalado humo. No consideró ir al hospital para que lo revisaran, había pedido un permiso sin goce de sueldo en su trabajo y solo podía pensar en resolver su situación de vivienda. “Estaba completamente abrumado, pensando: ‘He perdido mi casa y mis recuerdos’, así que pensé que el dolor de pecho desaparecería, y gracias a Dios, así fue”, dijo.

Quintana y Make the Road, junto con el Centro de Vivienda Justa de Connecticut, se reúnen regularmente con los inquilinos para dar seguimiento a su recuperación y garantizar que se respeten sus derechos.
Ávila recibió el aviso del ayuntamiento de que puede alojarse en un hotel por el momento y recibió 4,000 dólares de ayuda para conseguir un nuevo apartamento, pero dice que no es suficiente.
“De nada sirve lo que nos den si mañana hay un incendio en otro edificio y se pierden vidas”, sostuvo.

