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Traducción por Jorge Alatrista, Identidad Latina Multimedia.
Los legisladores de Connecticut aprobaron en esta sesión legislativa una ley que reforma partes de las leyes estatales de protección al consumidor, añadiendo salvaguardas adicionales para quienes compran una amplia variedad de bienes y servicios.
El proyecto de ley de 33 páginas, promulgado por el Gobernador Ned Lamont a principios de este mes, fue una de las principales prioridades de los Demócratas del Senado este año e incluye cambios de gran alcance.
Amplía la capacidad de la Fiscalía General del estado para controlar la especulación de precios, exige que las empresas revelen las llamadas tarifas basura, exige a las empresas que producen dispositivos conectados a internet que informen a los usuarios si su tecnología captura y comparte audio o video desde los hogares, y más.
El Senador James Maroney, Demócrata por Milford, ayudó a impulsar el proyecto de ley, S.B. 3, en la legislatura y afirmó que ayudaría a proteger a los residentes de Connecticut en un panorama de consumo cambiante.
“Connecticut está intensificando sus esfuerzos para proteger a las familias de prácticas comerciales abusivas, ya sea mediante micrófonos en electrodomésticos, grabaciones de conversaciones o cargos sorpresa por productos engañosos que inflan sus facturas”, declaró Maroney, copresidente del Comité de Derecho General de la Legislatura.
Esto es lo que el proyecto de ley hará y lo que no hará.
Abusos de precios
Connecticut ya contaba con una ley que permitía al fiscal general del estado supervisar y procesar los casos de abuso de precios, o el aumento artificial del precio de los productos durante emergencias, como desastres naturales.
La S.B. 3 amplía la supervisión del fiscal general más allá de los minoristas, como supermercados y gasolineras. Ahora, la oficina del fiscal general también puede investigar y acusar a distribuidores, fabricantes, proveedores y mayoristas por cobrar precios “injustificadamente excesivos”.
La ley también amplió esa supervisión a los contratos de alquiler y arrendamiento.
Renovaciones automáticas
¿Alguna vez se ha suscrito a un servicio y ha olvidado que lo estaba pagando? Bueno, la legislatura de Connecticut quiere asegurarse de que reciba un recordatorio.
Parte de la nueva ley de protección al consumidor exige que algunas compañías con “renovaciones automáticas” o “cláusulas de servicio continuo” envíen a los consumidores un aviso anual indicando que se les seguirá cobrando por el servicio.
La ley también exige que las compañías informen a los consumidores cómo pueden cancelar ese contrato recurrente a través de un sitio web, teléfono o correo electrónico.
Sin embargo, este apartado del proyecto de ley no aplica a todas las compañías. Los legisladores establecieron exenciones específicas a esta norma para las empresas de gas, agua y electricidad, así como para los proveedores de servicios de internet. También establecieron exenciones similares para los bancos y las compañías de seguros.
Todos ellos ya están regulados por entidades estatales y federales independientes.
Sin embargo, los legisladores también eximieron lo que denominaron “servicios globales o nacionales” que ofrecen predominantemente “contenido audiovisual”, lo que parece incluir los servicios de streaming en línea.
Divulgación total de precios
Otra sección de la nueva ley aborda las tarifas ocultas, o tarifas basura, como a veces se les llama.
Los legisladores elaboraron un texto que prohíbe a las empresas anunciar, exhibir u ofrecer un bien o servicio a un precio que no incorpore todas las tarifas, cargos y costos que los consumidores deberán pagar.
Si dichas tarifas no se anuncian ni exhiben, o si los cargos se ocultan, se presentan de forma intencionada o se tergiversan, las empresas pueden ser demandadas en virtud de la Ley de Prácticas Comerciales Desleales de Connecticut.
Este tipo de requisito también se aplica a las propiedades en alquiler. El proyecto de ley generalmente establece que el arrendatario debe incluir cualquier tarifa, cargo o costo periódico que el inquilino deba pagar al anunciar una vivienda en alquiler.
Al igual que con las renovaciones automáticas, existen excepciones a la divulgación de tarifas.
Las empresas no necesitan detallar los impuestos federales, estatales o locales que se añaden al precio de compra. La ley tampoco se aplica en situaciones en las que una empresa no puede calcular de forma viable el costo de un servicio, como el envío, durante la compra.
Dispositivos conectados a internet
Los legisladores de Connecticut también abordaron un problema relativamente nuevo para los consumidores: los dispositivos que pueden grabar a las personas en sus propios hogares.
La legislatura, controlada por los Demócratas, busca evitar que las empresas que venden electrodomésticos, televisores o juguetes conectados a internet graben a consumidores involuntarios y utilicen esa información para sus propios fines.
La nueva ley especifica que las empresas que venden estos productos deben informar a los consumidores cuándo su dispositivo puede transmitir audio o video al fabricante o a un tercero. Los dispositivos también deben ofrecer a los consumidores la opción de desactivar dichas funciones, a menos que dicha acción inutilice el dispositivo.
Los legisladores también añadieron una sección al proyecto de ley que prohíbe que los dispositivos conectados a internet incluyan funciones integradas que permitan a las fuerzas del orden monitorear las comunicaciones de las personas.
Y prohíbe a las empresas utilizar los dispositivos para recopilar información que pueda ayudar a otras empresas a identificar al usuario para publicidad dirigida.
Maroney se refirió a estas secciones como las “disposiciones contra escuchas ilegales” del proyecto de ley.
Derecho a reparar
Una de las secciones más ambiciosas de la ley aborda el derecho a reparar, que busca garantizar que los consumidores tengan acceso a todos los materiales necesarios para reparar sus propios productos.
Más de media docena de estados ya han aprobado disposiciones similares.
La versión de Connecticut exige que los fabricantes de productos electrónicos o electrodomésticos pongan a disposición de los consumidores recursos para “diagnosticar, mantener o reparar sus productos”.
El proyecto de ley especifica que estos recursos deben incluir “documentación, piezas y herramientas”, y se aplicará a los productos “fabricados, vendidos o usados” en Connecticut después del 1 de julio de 2026.
Los fabricantes estarán obligados a poner a disposición dicha documentación, piezas y herramientas durante tres o cinco años, dependiendo del precio del producto.
Sin embargo, las empresas no están obligadas a entregar nada que se considere secreto comercial o propiedad intelectual, y el proyecto de ley no se aplica a los productos que ya no se fabrican.
Aun así, hay una larga lista de artículos que no estarán cubiertos, incluidos barcos, vehículos todo terreno, generadores, herramientas eléctricas, estaciones de carga de vehículos eléctricos, equipos de jardinería, equipos de construcción, equipos agrícolas, equipos forestales, equipos de minería y motores.
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