La Ley de “borrón y cuenta nueva” de Connecticut, que está diseñada para borrar ciertos antecedentes penales después de un período de tiempo, entró en vigencia a principios de este año, pero aún no se ha implementado por completo.

Esto es lo que debe saber sobre la Ley.

¿Qué es la Ley de “borrón y cuenta nueva” de Connecticut?

La legislación borrará automáticamente los antecedentes penales siete años después de la fecha de una condena por un delito menor o 10 años después de la fecha de una condena por ciertos delitos de clase D, clase E o no clasificados si no han sido condenados por otros delitos.

Si una persona comete otro delito, el reloj se reinicia y debe permanecer libre de condena durante siete o 10 años a partir de ese momento.

Cualquier persona con condenas anteriores al 1 de enero del 2000 debe solicitar al tribunal que borre su registro.

Antes de la aprobación de la Ley en Connecticut, el borrado de los antecedentes penales de una persona podía realizarse mediante la presentación de una solicitud de indulto o mediante la presentación de la solicitud y una audiencia ante la Junta de Indultos y Libertad Condicional. El nivel del delito determinaba qué opción estaba disponible y para quién.

¿Qué han argumentado sus partidarios?

Los partidarios de ‘borrón y cuenta nueva’ han destacado con frecuencia la necesidad de ayudar a las personas anteriormente condenadas por delitos a obtener una educación, mantener un trabajo y obtener una vivienda, y no castigarlos más cuando ya han enfrentado las consecuencias.

Un estudio de Michigan, que aprobó una Ley de ‘borrón y cuenta nueva’ en 2020, encontró que menos del 1% de las personas a las que se les eliminó un delito violento de sus registros fueron nuevamente condenadas por otro delito violento, cinco años después de haber sido absueltas.

¿Qué han argumentado sus oponentes?

Quienes se oponían a las primeras versiones del proyecto de ley buscaron una lista limitada de delitos elegibles, en lugar de incluir delitos más graves como propuso inicialmente la Cámara.

El Gobernador Ned Lamont favoreció especialmente una lista reducida de delitos no violentos y dijo que la lista podría expandirse después de ver los resultados del esfuerzo inicial.

¿Cuándo se convirtió en Ley el ‘borrón y cuenta nueva’?

El proyecto de ley de “borrón y cuenta nueva” avanzó a través de la Legislatura de 2021 luego de batallas campales entre los legisladores sobre qué delitos deberían ser elegibles para su eliminación.

Lamont promulgó la versión actual del proyecto de ley durante el verano de 2021. En ese momento, se suponía que entraría en vigencia el 1 de enero de 2023.

¿Cuándo se implementará por completo?

La administración de Lamont anunció en diciembre de 2022 que algunos beneficios no ocurrirían hasta la segunda mitad de 2023.

En cambio, dijo el Gobernador en un comunicado de prensa en ese momento, solo se borrarían total o parcialmente los registros en aproximadamente 44,000 casos relacionados con el cannabis.

En enero, Lamont se comprometió públicamente a implementar completamente la Ley dentro del próximo año.

¿Por qué se retrasó la implementación total?

Lamont dijo en el comunicado de prensa de diciembre que la implementación implica “actualizaciones significativas de tecnología de la información” para permitir que las agencias de justicia penal envíen y reciban datos, lo que ayuda a determinar qué condenas anteriores se borran.

La demora también se debe en parte a varias cuestiones legales y políticas, según una carta enviada en noviembre por la Junta de Gobierno del Sistema de Información de Justicia Penal al Comité Judicial.

¿A quién afecta el retraso?

La demora afecta de manera desproporcionada a los residentes negros con condenas por delitos graves.

Los defensores han destacado cómo la raza es la base de quién es castigado en Connecticut. Los hombres negros del Estado tienen una tasa de condenas del 48%, y tanto las mujeres negras como los hombres tienen tres veces más probabilidades que sus homólogos blancos de tener una condena por un delito grave, a pesar de que representan menos del 13% de la población del Estado.