Según nuestro censo de 2020, el 22.1% de la población de Connecticut (cinco años o más) habla un idioma distinto del inglés en sus casas. De ese número, 8.3% – eso es 275,126 personas – hablan inglés menos que muy bien. Los EE.UU. no tiene un idioma oficial – ni en la ley federal ni en nuestra Constitución. Connecticut tampoco. Según un trabajo realizado por el Departamento de Protección del Consumidor, “las lenguas específicas que se hablan en Connecticut no están distribuidas por igual. Cada región tiene un electorado único con necesidades únicas”.
A pocas semanas de unas elecciones sin precedentes, es imperativo que los dirigentes actúen con criterio y rigor para asegurar que todos los votantes tengan acceso equitativo en su propio idioma cuando acudan a las urnas.
Pero Connecticut no cuenta con una Oficina de Acceso Lingüístico, como otros estados, para garantizar que las personas con dominio limitado del inglés (LEP) tengan un acceso significativo y puedan participar plenamente en los servicios financiados federalmente. En su lugar, muchas agencias estatales financiadas con fondos federales contratan fuera del estado, sin asistencia técnica ni cumplimiento de un Plan de Acceso Lingüístico exigido por el gobierno federal para proporcionar servicios adecuados de traducción e interpretación.
El pasado noviembre, las boletas electorales de Hartford no proporcionaron acceso significativo y preciso a los votantes, ni información sobre el voto para los votantes hispanohablantes. Los errores no sólo eran inconcebibles, sino inconstitucionales, ya que podían haber proporcionado información mal interpretada a los votantes. La solución de la ciudad– incluir un folleto adicional con la boleta que incluya las instrucciones correctas en español, y asumir que los insertos garantizarían que “todos votantes lo entenderían”– es motivo de pausa.
Si se repitieran estos mismos errores durante las elecciones presidenciales de 2024, el Estado de la Constitución, quedaría bajo indagación de proporciones épicas. Ahora es la oportunidad de comprometerse con acceso significativo, como indican numerosas leyes federales. El Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 establece: “Ninguna persona en los Estados Unidos será excluida, por motivos de raza, color u origen nacional, de la participación en ningún programa o actividad, ni se le negarán los beneficios de los mismos, ni será objeto de discriminación”. La Orden Ejecutiva sobre Derechos Civiles 13166 de 2000 exige a las agencias estatales y federales que examinen los servicios que ofrecen e identifiquen cualquier necesidad de servicios para las personas con dominio limitados del inglés (LEP), desarrollen y apliquen un sistema que proporcione esos servicios para que las personas LEP puedan tener asistencia lingüística de forma significativa.
Hace varios meses, tuve la oportunidad de reunirme con la Secretaria de Estado, Stephanie Thomas, para hablar sobre los fallos de acceso lingüístico en las boletas, y ella compartió sus preocupaciones y en no poder resolver este problema independientemente y sin financiación. Explicó que su oficina no supervisa las boletas de voto de los municipios y no hay protocolo ni presupuesto de acceso lingüístico para garantizar el cumplimiento del mandato federal.
De hecho, algunas agencias estatales compartieron su preocupación por sus restricciones y limitaciones financieras para cumplir la normativa, a pesar de que el Gobernador Ned Lamont pregonara recientemente que “la situación financiera del Estado es estable y, a diferencia de otros Estados, no nos enfrentamos a déficits que impliquen profundos recortes del gasto o aumentos sustanciales de los impuestos.”
El trabajo de la secretaría Thomas y su compromiso cívico se muestra exhaustiva y digna de reconocimiento; sin embargo, el acceso a las votaciones sigue siendo a nivel local. Reiteró enfáticamente que su oficina solicitó que se reimprimieran las boletas de Hartford junto con el lenguaje recomendado, algo que no ocurrió.
Como lingüista, profesora de idiomas, defensora de menores, lider de acceso lingüístico de Family Voices National, miembra nacional de la Red municipal de acceso lingüístico y, más recientemente, Presidente designada por el Gobernador de una agencia estatal con financiación federal y otras entidades financiadas con fondos federales en Connecticut, he colaborado con un sinnúmero de agencias gubernamentales y cuasi gubernamentales nacionales en relación a los cumplimientos de 60 años de la Ley de Derechos Civiles. La Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Justicia federal ha proporcionado consejos prácticos para abordar las barreras lingüísticas y la planificación equitativa de programas de acceso lingüístico, comprendiendo al mismo tiempo la necesidad de una comunicación precisa con el público, independientemente del dominio del inglés. De hecho, el DOJ tiene una prueba de cuatro factores: el número de consumidores multilingües que necesitan el servicio, la frecuencia de su contacto, la importancia del servicio para sus vidas y los recursos disponibles.
El acceso a la información de los votantes tiene que ver con la inclusión y el acceso a nuestra democracia, la capacitación de la responsabilidad cívica y el mantenimiento de la competitividad en el mercado global. Tenemos un gran ejemplo de lo que se puede hacer en este estado. En 2011, el Poder Judicial de Connecticut adoptó su primer Plan de Acceso Lingüístico, comprometido a “proporcionar igualdad de acceso a todas sus instalaciones, procesos e información mediante la identificación y eliminación de barreras”. Como se afirma en su Plan Estratégico, “[c]onfianza en el sistema judicial se deriva de la creencia de un individuo que él o ella está siendo tratado con respeto, independientemente de . . . dominio del Inglés.”
Imploro a los legisladores, que actúen con rapidez para garantizar que todos los votantes registrados en el Estado de la Constitución puedan acceder a sus derechos electorales. El representante estatal, Gary Turco, se ha comprometido a promover un proyecto legislativo que codificará la Ley de Derechos Civiles de 1964 Título VI Acceso Lingüístico para garantizar el cumplimiento federal en Connecticut. Nosotros, el pueblo, sabemos que se nos acaba el tiempo con el día de las elecciones a la vuelta de la esquina. Esperar a nuestra próxima sesión, que comienza el 8 de enero de 2025, ¡sería demasiado tarde! Connecticut necesita una sesión especial lo antes posible.
Ya estamos luchando como nación para tener una elección Constitucional.
Nada sobre nosotros sin nosotros, ¡Connecticut!
Doris Maldonado Méndez es miembra del Consejo Editorial Comunitario del Connecticut Mirror.