La última orden ejecutiva que designa el inglés como idioma oficial de los Estados Unidos, al mismo tiempo que rescindió Orden Ejecutiva 13166, es un ataque vergonzoso e inconstitucional a los derechos de millones de estadounidenses. Nuestro sistema jurídico moderno es descendiente directo del europeo, que a su vez fue influenciado por las cortes de la antigua Roma, donde el latín era el idioma predominante. Al eliminar las protecciones federales de acceso al idioma, esta administración ha optado por perturbar la tranquilidad nacional al ignorar los principios mismos de igualdad y justicia sobre los que se fundó nuestra nación.
Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 prohíbe explícitamente la discriminación basada en el origen nacional. Al desmantelar las protecciones de acceso al idioma, el gobierno federal está discriminando a millones de personas con dominio limitado del inglés (LEP), impidiéndoles acceder a servicios esenciales. Este orden no promueve la unidad; margina y priva aún más de sus derechos a comunidades que durante mucho tiempo han contribuido a la estructura de esta nación.
El tribunal más alto del país ya se ha pronunciado en contra de las políticas que suprimen la diversidad lingüística. En Meyer contra Nebraska (1923), la Corte Suprema de Estados Unidos reconoció que “la protección de la Constitución se extiende a todos, tanto a quienes hablan otros idiomas como a quienes nacen con el inglés”.
El Tribunal afirmó que prohibir el uso de otros idiomas no sólo es inconstitucional sino también injustificable, afirmando: “No ha surgido ninguna emergencia que haga que el conocimiento por parte de un niño de algún idioma distinto del inglés sea tan claramente perjudicial como para justificar su inhibición con la consiguiente infracción de derechos que durante mucho tiempo ha disfrutado libremente”.
Esta decisión histórica debería servir como una fuerte advertencia para quienes buscan borrar la diversidad lingüística en los Estados Unidos. La asimilación lingüística forzada por esta orden ejecutiva contradice un principio constitucional fundamental: que todas las personas, independientemente del idioma, tienen los mismos derechos y protecciones bajo la ley.
Con la eliminación de las protecciones federales, los estados deben intervenir para garantizar que todos los residentes puedan acceder a los servicios públicos, independientemente de su dominio del inglés. Connecticut tiene el deber moral y legal de aprobar SB 955, Una ley que exige que los gobiernos estatales y locales y los contratistas estatales garanticen que las personas con dominio limitado del inglés puedan acceder a los servicios públicos. Esta legislación no sólo es necesaria: es urgente y afirma que el estado de Connecticut no participará en esta violación de los derechos civiles y continuará defendiendo los valores de accesibilidad, justicia e inclusión.
“Nosotros, el pueblo“—estas palabras no pertenecen únicamente a quienes hablan inglés. Pertenecen a todos los estadounidenses, sin importar su idioma, herencia u origen. «Dadme a los cansados, a los pobres, / a las personas que anhelan respirar libres, / a los que no tienen nada y son marginadas. / Envíame a éstos, los desamparados, tempestuosos, / ¡Levanto mi lámpara junto a la puerta dorada!» El experimento estadounidense es de Inclusión, no de exclusión. Esta orden ejecutiva es una afrenta a esa promesa y debemos abogar con todas las herramientas a nuestra disposición. Connecticut y todos los estados que valoran la Democracia deben debe sostener que estas verdades son evidentes por sí mismas. El futuro de nuestra nación como sociedad Justa e Inclusiva depende de ello.
Doris Maldonado Méndez es miembra del Consejo Editorial Comunitario del Connecticut Mirror.