En un giro decepcionante, Connecticut ha optado por seguir la presidencia de Trump. La orden ejecutiva “Solo Inglés” es una clara violación de los mandatos federales del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964.  Al no codificar y rectificar sus antigua indiferencia sistémica de hablantes no nativos de inglés, el estado ha renunciado a la oportunidad de brindar información crítica a sus habitantes cuyo idioma nativo no es el inglés, a los usuarios del lenguaje de señas y a aquellos que dependen del lenguaje sencillo para su comprensión.

En el centro de esta cuestión estaba el Proyecto de ley del Senado (SB 955), un proyecto de ley que propuse y que fue presentado en la sesión legislativa de 2025 por el senador MD Rahman. El proyecto de ley buscaba establecer políticas que garantizan que las personas con dominio limitado del inglés pudieran acceder a información y servicios públicos a través de recursos de traducción e interpretación. Fue un paso necesario hacia la creación de una Oficina de Acceso al Idioma, una entidad centralizada que supervisaría y coordinaría los esfuerzos de accesibilidad lingüística en todo el estado. Sin embargo, a pesar de su potencial para atender a más de 400,000 residentes cuyo idioma principal no es el inglés ni el algonquin (el idioma oficial del estado), el proyecto de ley no logró salir del Comité de Administración Gubernamental y Elecciones.

El fracaso de SB 955 es más que un simple revés legislativo; es una negación de derechos fundamentales. El acceso al idioma no es un privilegio, es una necesidad para una participación equitativa en la vida cívica y cotidiana. Sin él, miles de residentes de Connecticut a lo largo de su vida se quedan sin la capacidad de interactuar con los servicios gubernamentales, los proveedores de atención médica, los sistemas legales y las instituciones educativas de manera significativa.

Esta decisión refleja una tendencia preocupante de privilegio de la información y exclusión lingüística, lo que refuerza las barreras para las personas que no hablan inglés y los usuarios de lengua de señas. Es un significante contraste con los principios de inclusión e igualdad de oportunidades que Connecticut dice defender. La ausencia de una Oficina de Acceso Lingüístico dedicada significa que los residentes seguirán enfrentándose a servicios lingüísticos fragmentados e inconsistentes, marginando aún más a las comunidades que ya luchan por navegar los sistemas burocráticos.

Durante años, defensores, hemos luchado para corregir esta injusticia, trabajando incansablemente para garantizar que Connecticut reconozca los derechos de TODOS sus residentes, independientemente de su origen lingüístico, edad y capacidad. El hecho de no aprobar SB 955 no es sólo un rechazo de un proyecto de ley: es un rechazo de las personas a las que debía servir.

A medida que Connecticut avanza, debe reconsiderar su postura sobre el acceso a información lingüística. El Estado no puede permitirse el lujo de ignorar las voces de quienes han sido sistemáticamente excluidos. La lucha por el acceso equitativo a la información y al idioma está lejos de terminar, y es imperativo que los legisladores revisen este tema con la urgencia y el compromiso que merece.
La pregunta sigue siendo: ¿Seguirá Connecticut dándole la espalda a sus comunidades diversas o finalmente tomará medidas para garantizar que el acceso al idioma ya no sea una barrera para los servicios esenciales? La respuesta definirá el compromiso del Estado con los derechos civiles en los próximos años.

Doris Maldonado Méndez es miembra del Consejo Editorial Comunitario del Connecticut Mirror.