Traducción: Jorge Alatrista, Identidad Latina Multimedia
Un programa especial diseñado para albergar a los oficiales penitenciarios en hoteles durante el apogeo de la pandemia de COVID-19, utilizando millones de dólares en fondos federales de ayuda para la pandemia, fue mal usado repetidamente por trabajadores penitenciarios, según una investigación estatal en curso.
El Departamento de Corrección estableció el Programa de Alojamiento Temporal de Emergencia en los primeros meses de la pandemia, para permitir que los funcionarios de prisiones reserven una estadía en un hotel, si les preocupaba contraer el coronavirus en una prisión estatal y llevárselo a sus familiares.
La iniciativa fue financiada con $6.4 millones en fondos de ayuda federal, según una auditoría publicada recientemente.
Las investigaciones internas de los auditores estatales y el DOC revisadas por CT Mirror resultan que los empleados de correccionales utilizaron el programa para reservar habitaciones de hotel durante una boda, para celebrar la víspera de Año Nuevo y para vivir a tiempo completo en los hoteles con sus familias.
Otros reservaron habitaciones en varios hoteles en los mismos días, y al menos un oficial penitenciario usó el programa mientras estaba de licencia militar.
Todas esas acciones fueron violaciones de las reglas que se establecieron para el programa de alojamiento de emergencia, pero los auditores estatales descubrieron que el Departamento de Corrección del Estado no tenían los controles adecuados para garantizar que los empleados estatales no abusaran del sistema en tiempo real.
Los formularios de solicitud que la agencia creó para los oficiales penitenciarios no siempre se completaron antes de las estadías en el hotel, dijeron los auditores. Y los funcionarios estatales no establecieron un límite en la cantidad de días que un empleado estatal podía permanecer en los hoteles, que estaban ubicados en todo Connecticut.
Las investigaciones revelaron que algunos de los empleados del DOC pasaron hasta cinco o seis meses viviendo en hoteles usando fondos federales. El DOC estaba pagando tarifas fijas de alrededor de $70 por día por habitaciones en hoteles en Montville, Southington y Windsor, entre otros lugares, según facturas incluidas como parte de las investigaciones.
“La falta de controles internos aumentó el riesgo de mal uso o abuso del programa”, señalaron los auditores estatales. “Sin la limitación de la cantidad de días para una estadía en un hotel, los empleados podrían permanecer en el hotel por más tiempo del necesario. Sin la verificación y certificación de los empleados de sus estadías en el hotel, podría ocurrir una facturación incorrecta o doble sin detección”.
Los funcionarios del DOC le dijeron al CT Mirror que la agencia ahora ha identificado al menos $144,000 en costos cuestionables relacionados con el programa.
Eso incluye al menos 35 casos de posible uso indebido, cada uno de los cuales resultó en que la agencia abriera una investigación interna.
CT Mirror revisó 22 de esos informes de investigación internos, que se obtuvieron a través de una solicitud en virtud de la Ley de Libertad de Información del Estado.
Los funcionarios del DOC dijeron que las investigaciones internas sobre el mal uso de los fondos representaron solo una pequeña parte de los $6.4 millones que se asignaron para el programa de alojamiento de emergencia.
“La abrumadora mayoría de los miembros del personal del Departamento de Corrección utilizaron el programa como estaba previsto”, dijo la agencia en una respuesta por escrito a las preguntas de CT Mirror, “trabajando en la primera línea de las instalaciones de la agencia, en entornos congregados, luego permanecer en habitaciones de hotel, aislados de sus seres queridos, para protegerlos”.
Los funcionarios del departamento no respondieron cómo el abuso del programa podría haber afectado a las personas tras las rejas.
Al menos 30 personas encarceladas en Connecticut murieron de COVID-19 en los últimos tres años, según el DOC. La agencia dio a conocer sus amplias regulaciones para combatir la propagación de COVID en una declaración escrita al CT Mirror y dijo que nadie bajo su cuidado estaba “comprometido por las acciones del pequeño número de personas” que abusaron del programa del hotel.
La agencia no explicó cómo llegó a esa conclusión.
Hotel se quejó de perros en las habitaciones
Pero los casos en cuestión destacan ejemplos en los que los empleados del DOC supuestamente usaron el programa para su beneficio personal.
Tomemos el caso de Brian Cagle, un oficial de correccionales en la Institución Correccional de York en Niantic. Los funcionarios del DOC comenzaron a investigar el uso del programa por parte de Cagle, después de que la agencia reconociera que reservó estadías en dos hoteles el mismo día.
La agencia comenzó a hacer preguntas sobre esas estadías y se enteró de que Cagle había compartido las habitaciones del hotel con su hijo y su ex novia y fue visitado en el hotel por otra mujer no identificada, lo que anularía el propósito de usar la habitación para hacer cuarentena.
Cagle luego admitió ante los investigadores del DOC que terminó el contrato de arrendamiento de un apartamento y estaba usando las habitaciones del hotel como su residencia permanente, lo que significaba que el Estado estaba pagando los costos de su vivienda.
“CO Cagle admitió que dejó que expirara su contrato de arrendamiento mientras continuaba en el hotel utilizando la habitación como su vivienda personal”, señalaron los investigadores.
Una situación similar también ocurrió con Miguel Ortiz, un oficial de prisiones que trabaja en el Instituto Correccional MacDougall-Walker en Suffield, según los registros estatales.
Los funcionarios del DOC fueron notificados sobre su uso del programa cuando el personal del hotel preguntó a la agencia si se le permitía a Ortiz tener a su esposa, hijos y perros con él.
El gerente de Hyatt House en Windsor se quejó con los funcionarios del DOC de que el hotel había gastado varios cientos de dólares en tarifas de limpieza de mascotas en el transcurso de seis meses para limpiar los desechos de las mascotas de Ortiz.
Durante una entrevista con los investigadores del DOC, Ortiz admitió que toda su familia vivía en el hotel a tiempo completo. También afirmó que nunca había oído hablar del programa TELP ni había completado ningún formulario para que el Estado reembolsara los costos.
“Soy el proveedor y van a ir a donde yo vaya”, dijo Ortiz sobre su familia. “Entonces esa es la razón por la que estaban conmigo en el hotel y la razón por la que yo estaba en el hotel”.
Otros empleados que fueron señalados por el DOC se aprovecharon de los programas de otras maneras, escribieron los investigadores.
Roberto Oliveras, un oficial de la Institución Correccional de Osborn, fue citado por los investigadores del DOC por reservar estadías duplicadas en hoteles en Windsor, Rocky Hill, Glastonbury y el Hyatt Place Mohegan Sun en Uncasville.
Los investigadores señalaron que Oliveras nunca presentó ninguno de los formularios de solicitud necesarios para cualquiera de sus estadías en hoteles. También admitió que se hospedó en el hotel de Uncasville con poca frecuencia a pesar de que el Estado pagó por esa habitación desde noviembre de 2020 hasta abril de 2021.
Oliveras también admitió ante los investigadores que reservó la habitación en Rocky Hill específicamente para la víspera de Año Nuevo.
No fue el único oficial penitenciario que usó el programa para un evento especial, según los informes internos.
Otros dos oficiales penitenciarios presuntamente hicieron un mal uso del programa al hacer que el Estado pagara la cuenta de las habitaciones de hotel que reservaron para asistir a una boda.
Los investigadores del DOC citaron a Duwyane Blocker y David Crenshaw, dos oficiales que trabajan en la Institución Correccional de Cheshire, por supuestamente reservar estadías en hoteles junto con una boda en la que ambos participaban.
Según los informes, tanto Blocker como Crenshaw reservaron estadías de hotel en el Hilton Garden Inn en Milford durante varias noches. Y ambos tenían familiares que se quedaron con ellos como parte de esas visitas, según los informes de investigación.
Sin embargo, cuando los investigadores interrogaron a los dos hombres, ambos dijeron que no hicieron la reserva junto con la boda. Y argumentaron que se quedaron en el hotel para evitar el contacto con familiares que pudieran haber contraído el virus.
Los investigadores estatales, sin embargo, hablaron con el personal del hotel Milford. El recepcionista del hotel dijo que tanto Blocker como Crenshaw estaban en el hotel como invitados a la boda.
En el caso de Crenshaw, el personal del hotel señaló que inicialmente se reservó una habitación a su nombre como parte de las reservas de la boda, pero dijeron que la reserva se canceló más tarde para que su estadía pudiera cargarse al programa de alojamiento de emergencia.
Un investigador del DOC le preguntó específicamente a Blocker por qué asistiría a una boda mientras el Estado pagaba por mantenerlo en cuarentena lejos de su familia.
“Una vez que tengo la habitación, lo que sea que haga, según tengo entendido, es asunto mío”, le dijo Blocker al investigador.
Consecuencias
Varios de los investigadores, en casos revisados por CT Mirror, caracterizaron las acciones de los empleados del DOC como “robo”, “negligencia deliberada” o “uso indebido” de fondos estatales.
Sin embargo, a muchas de las personas citadas en esos informes se les permitió continuar su empleo con el Estado, después de haber sido suspendidos de sus trabajos por unos días.
Cagle, quien usó una habitación de hotel como su residencia personal, fue suspendido por cinco días y firmó un acuerdo con el Estado que le obliga a pagar $12,224.
Lo mismo ocurre con Ortiz, el oficial penitenciario cuyas mascotas mancharon la habitación del hotel Hyatt House en Windsor. Fue suspendido del trabajo por cinco días y se le exigió que pagara $17,400 por los más de seis meses que él y su familia se quedaron en el hotel.
Oliveras, quien admitió haber reservado una estadía en un hotel en la víspera de Año Nuevo, recibió la misma suspensión de cinco días y acordó reembolsar al Estado $10,703 por los cuatro hoteles en los que hizo reservas.
Y Crenshaw y Blocker, los dos invitados a la boda, fueron suspendidos por dos días, a pesar de que los investigadores determinaron que fueron “menos que sinceros” durante sus entrevistas.
No está claro si los funcionarios del DOC remitieron alguno de los casos a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
Collin Provost, presidente del Sindicato AFSCME Local 391 Connecticut State Prison Employees Union, se negó a proporcionar detalles sobre el papel del Sindicato en la investigación en curso del DOC.
“Creo que sería negligente no decir que estábamos en medio de una pandemia”, dijo Provost sobre la falta de supervisión del programa. “No creo que nadie supiera los parámetros del programa desde el principio cuando comenzó”.
Las historias sobre el abuso de los fondos federales para la pandemia no son infrecuentes. Por ejemplo, un exlegislador estatal de Connecticut, Michael DiMassa, se declaró culpable de cargos federales por apropiación indebida de más de $1 millón en fondos federales de la ciudad de West Haven.
A medida que el gobierno federal puso a disposición miles de millones de dólares en ayuda para las personas directamente afectadas por el virus, la supervisión laxa en todo el país permitió que las personas explotaran los fondos y programas para su propio beneficio.
En California, un hombre fue sentenciado recientemente a más de ocho años de prisión por robar más de $6 millones destinados a pequeñas empresas. Varios residentes de Illinois han sido acusados de robar al menos $16 millones en préstamos y subvenciones para pequeñas empresas que provenían del dinero de la pandemia. Y el Departamento de Justicia ha anunciado cargos federales contra 47 personas por su supuesta participación en un esquema de fraude de $250 millones que involucra un programa de nutrición infantil durante la pandemia.
En Connecticut, dijo Provost, que no tiene “ninguna opinión” sobre la posibilidad de que los empleados del DOC sean procesados.