Un hombre habla frente a una multitud de personas.
El Senador Gary Winfield, Demócrata de New Haven, habla en una conferencia de prensa el martes por la mañana en apoyo de un proyecto de ley para limitar los aumentos de alquiler en Connecticut. Ginny Monk / CT Mirror

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Traducción: Jorge Alatrista, Identidad Latina Multimedia

Cientos de personas se inscribieron para hablar el martes en una audiencia pública centrada en un proyecto de ley que limitaría la cantidad que los propietarios pueden aumentar la renta anualmente, un intento de abordar el aumento de las rentas en medio de una crisis de vivienda más grande.

La audiencia pública abarcó dos proyectos de ley que limitan los aumentos anuales de alquiler de viviendas de alquiler y en parques de casas móviles al 4% más el índice de precios al consumidor. Pero los proyectos de ley describen preguntas filosóficas más amplias que el Comité de Vivienda está considerando en esta sesión, además de resaltar las consecuencias del mundo real para los residentes de Connecticut.

“La vivienda es un derecho humano y no tiene fines de lucro”, dijo Victoria Ramos, inquilina y miembro del Sindicato de Inquilinos de Hartford. Dijo que ella y sus vecinos habían experimentado recientemente aumentos de alquiler de hasta un 50%, lo que la puso en riesgo de perder su hogar.

Ella no tenía hogar cuando era niña y quiere evitar que su hijo experimente lo mismo, dijo.

El Proyecto de Ley 6588 de la Cámara de Representantes también requeriría advertencias de 90 días sobre aumentos de alquiler.

Ramos, como muchos que hablaron a favor del Proyecto de Ley 6588 de la Cámara de Representantes, dijo que querían ver la adición de un lenguaje que prohibiría a los propietarios aumentos entre inquilinos y protecciones ampliadas contra los desalojos sin causa, generalmente los desalojos que ocurren cuando vence un contrato de arrendamiento.

Los inquilinos pidieron que los topes se redujeran al 2,5% o al 3%. Durante la audiencia pública y en una conferencia de prensa ese mismo día, dijeron que los habían obligado a abandonar sus hogares, que sus hijos tenían que conseguir trabajo y que, a menudo, las viviendas eran de mala calidad a pesar de los altos precios.

Los propietarios dijeron que los proyectos de ley quitarían incentivos a los proveedores de viviendas de aumentar el stock de viviendas del Estado o mantener las unidades existentes y significaría que los propietarios tendrían que asumir mayores costos que podrían superar la cantidad establecida por el Estado.

Preguntas más amplias

Las cuestiones filosóficas han sido discutidas a lo largo de la sesión en el Comité de Vivienda, particularmente en referencia a los proyectos de ley relacionados con la relación propietario-inquilino. Han abordado el papel del gobierno en la regulación de los contratos de alquiler en un sistema capitalista y cómo lidiar con el daño causado por alquileres no asequibles.

Se resumió en un simple intercambio entre el miembro de alto rango, el Senador Rob Sampson, R-Wolcott, y Kenneth D. Delohery, presidente de la Alianza de Propietarios de Viviendas Manufacturadas de CT y residente de un parque de casas móviles.

Si bien los residentes del parque de casas móviles a menudo son dueños de la casa móvil real, por lo general deben pagar el alquiler del terreno en el que se asienta la casa.

“Conozco sus pensamientos sobre el mercado libre”, dijo Delohery a Sampson el martes. “Para nosotros, el libre mercado es el problema”.

La frase arrancó los aplausos de la multitud.

Los alquileres han aumentado en Connecticut durante el año pasado y desde que comenzó la pandemia. En Hartford, los datos de Apartment List muestran que los alquileres han aumentado más del 17 % desde marzo de 2020. En New Haven, el aumento se registra en casi el 11 %, y muchos inquilinos han informado aumentos mucho más altos.

Tensiones

La reunión de una hora de duración, que se pospuso más tarde en la noche después de que problemas técnicos retrasaran el inicio por varias horas, se volvió tensa por momentos. El comité tomó un receso de cinco minutos por una “interrupción”.

Alrededor de ese tiempo, Sampson y la Representante Minnie Gonzalez, D-Hartford, tuvieron un intercambio de palabras en el pasillo fuera de la sala de audiencias en el edificio de oficinas legislativas. “Tienes que aprender a respetar a las personas”, dijo González. “Respeto a todos, incluido usted, Representante”, respondió Sampson.

El presidente del comité, el Representante Geoff Luxenberg, Demócrata de Manchester, volvió a poner orden en la reunión y les dijo a los miembros del público y a los legisladores que se comportaran de una “manera razonable”.

“Este comité tiene que funcionar de manera responsable y respetuosa, donde se preserve el decoro en todo momento”, dijo Luxenberg.

Para algunos defensores de la vivienda a favor del proyecto de ley de límite de alquiler, el problema se reduce a personas versus ganancias y el equilibrio de poder, dijo Luke Melonakos-Harrison, organizador del Sindicato de Inquilinos de Connecticut.

“Si habrá un conflicto entre la vida de las personas y la capacidad de generar ganancias a partir de la propiedad privada: personas o ganancias, esa es una cuestión moral para mí”, dijo Melonakos-Harrison. “Claramente, algo no está funcionando”.

Para Rafie Podolsky, un abogado y defensor de vivienda a largo plazo, es un tema de protección al consumidor que tiene una larga historia en el Estado en muchos temas. De hecho, gran parte de las viviendas de alquiler de los Estados Unidos estaban sujetas a topes de alquiler después de la Segunda Guerra Mundial.

Actualmente, California y Oregón cuentan con control de alquileres, así como varios municipios.

Sampson ha hablado muchas veces en el Comité de Vivienda sobre el valor del libre mercado y su deseo de mantener las regulaciones gubernamentales fuera de los contratos privados.

“Creo que está en contradicción directa con nuestro sistema estadounidense de principios basados en el libre mercado que nos han dado la calidad de vida que tenemos”, dijo Sampson, con respecto a los topes de alquiler en una reunión del comité en enero.

Durante la reunión del martes, John O’Connor, profesor de la Universidad Estatal Central de Connecticut, testificó a favor del proyecto de ley. Sampson respondió, sugiriendo que la idea no es legítima.

“Estoy tratando desesperadamente de encontrar una solución al problema utilizando políticas públicas legítimas y no simplemente sugiriendo que lo que sienta bien va a resolver el problema”, dijo Sampson. “Estoy preocupado, ¿Es eso lo que están enseñando en CCSU? ¿Que está bien decirle a otra persona cuánto se supone que debe obtener de la propiedad que posee?

O’Connor dijo que podía preguntar si los Legisladores estaban más preocupados por el retorno de la propiedad que por la falta de vivienda.

Ciencias económicas

Si bien la creencia en el libre mercado suele ser un ideal favorecido entre los Republicanos, existe una gama más amplia de creencias, incluso entre los miembros del Comité de Vivienda, dijo el representante Tony Scott, Republicano por Monroe, otro miembro de alto rango, en una entrevista.

“No estoy sentado aquí diciendo que deberíamos dejar que sea gratis para todos”, dijo Scott. “Debe haber protecciones tanto para el propietario cuando se trata de situaciones de desalojo como para los inquilinos cuando no suceden cosas que se supone que deben suceder”.

Agregó que cree que si las partes celebran un contrato de buena fe, ese contrato debe respetarse con una intervención gubernamental limitada.

Pero para Scott, el tema se centra más en la economía, dijo. Le preocupan los efectos de un tope de alquiler en el inventario de viviendas y en los propietarios.

Varios propietarios llegaron a expresar preocupaciones similares sobre el aumento de los costos.

John Souza, presidente de la Coalición de Propietarios de Propiedades de Connecticut, dijo en una entrevista que apoyaría el aumento de los subsidios gubernamentales para los inquilinos o una mayor densidad de viviendas antes de apoyar los topes de alquiler.

“Sin la capacidad de aumentar los alquileres para mantenerse al día con los costos en aumento, los propietarios tienen pocos incentivos para mejorar la propiedad y los constructores se desalientan a crear nuevas viviendas”, escribió Souza en su testimonio público.

Alison Rivera, otra propietaria, también se pronunció en contra del proyecto de ley y dijo que los propietarios habían experimentado dificultades financieras durante la pandemia cuando muchos inquilinos no podían pagar el alquiler, además de otras experiencias. Dijo que el dinero ahorrado para el futuro de su hijo tuvo que gastarse en el negocio debido a los gastos.

“No somos señores de los barrios marginales”, dijo Rivera. “Somos buena gente, trabajamos duro. Todos estamos estresados”.

Las consecuencias tangibles también están presentes para los inquilinos. Muchos hablaron sobre el miedo o el estrés de perder sus hogares.

Xiomara Fugon, una inquilina que recientemente sufrió un desalojo, habló sobre sus luchas con la inestabilidad de la vivienda. Se ha demostrado que los desalojos y la inestabilidad de la vivienda tienen efectos amplios y duraderos en los niños y las familias. Sus hijos mayores están trabajando para ayudarla a pagar el alquiler, dijo, porque pasó de $1,800 a $2,400 al mes.

“Estoy aquí pidiéndoles a las personas en el poder que en lugar de hablarnos con hermosas palabras y promesas vacías, en realidad nos escuchen y las cosas que estamos pidiendo”, dijo Fugon, hablando a través de un traductor.

Ginny is CT Mirror's children's issues and housing reporter and a Report for America corps member. She covers a variety of topics ranging from child welfare to affordable housing and zoning. Ginny grew up in Arkansas and graduated from the University of Arkansas' Lemke School of Journalism in 2017. She began her career at the Arkansas Democrat-Gazette where she covered housing, homelessness, and juvenile justice on the investigations team. Along the way Ginny was awarded a 2019 Data Fellowship through the Annenberg Center for Health Journalism at the University of Southern California. She moved to Connecticut in 2021.